Control judicial frente a la destitución e inhabilidad de funcionarios de elección popular, a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Petro vs. Colombia
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Pava Pava, Nelly Yaneth | 2022-02-17
El estudio presenta las normas jurídicas que regulan la investigación, destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular actualmente en Colombia, analizando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de julio de 2020, en la que resolvió el caso Petro vs Colombia, frente a la investigación, destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular y las divergencias que el sistema jurídico colombiano presenta con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto a la investigación, destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular.
Se plantea determinar el procedimiento aplicable para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, según la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Petro Vs. Colombia.
Se utilizó el tipo de investigación descriptivo que dejó conocer el procedimiento aplicable para la destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular cuya fuente primaria es la Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Petro vs Colombia”, del 8 de julio de 2020; fuentes secundarias revisión documental, revistas, artículos, legislación vigente y posiciones de autores han reseñado sobre el tema. Las técnicas y herramientas de recolección de información fueron aspectos teóricos, conceptuales, constitucionales, legales e históricos del procedimiento judicial, sobre las decisiones tomadas por los entes de control en cuanto a los servidores públicos de elección popular.
En conclusión al ser una decisión administrativa, considero que el juez natural en este caso, sería la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien brindaría esa protección judicial. Y podría ser mediante un control judicial previo o posterior, que impida la firmeza de tal decisión, hasta que no se profiera resolución judicial en cada caso en concreto, con el cumplimiento de un debido proceso.
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