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Mera Penagos, Eliana Marcela | 2023
En la investigación se examina la naturaleza jurídica de la caducidad frente a los procesos de reparación directa en el ordenamiento jurídico colombiano y extranjero, se identifican los criterios de aplicación de la caducidad conforme a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 en los procesos de reparación directa por delitos de lesa humanidad y se determina la aplicación de la caducidad desde la doctrina y la jurisprudencia en los procesos de reparación directa en delitos de lesa humanidad. Con este trabajo se busca analizar la caducidad en los delitos de lesa humanidad en el proceso de reparación directa, para este se examina la naturaleza jurídica de la caducidad frente a los procesos de reparación directa en el ordenamiento jurídico colombiano y extranjero. La línea de investigación utilizada fue Desarrollo Humano, Jurídico y Social Sostenible, Para el desarrollo del tema propuesto, se utilizará un método cualitativo con análisis documental basado en principios teóricos como exposición de argumentos y posiciones en las que autores, escritores, columnistas, doctores de derecho y la misma Corte entre otros. Esta investigación estuvo apoyada en doctrina, jurisprudencia y estudio de casos que permitieron llegar a un razonamiento propio basados en los argumentos presentados por los autores que se citan en este documento. Se puede establecer que la SU 61.033 del 29 de enero de 2020 afecta negativamente el proceso de reparación directa a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, principalmente a quienes han formulado tales pretensiones en sentencias anteriores; la pretensión se fundamenta en un precedente contencioso administrativo que reconoce una excepción a la caducidad del control resarcitorio directo sobre las acciones antes mencionadas, lo que permite a las víctimas interponer una demanda de desagravio inmediato en cualquier momento. Asimismo, esta sentencia única limita el recurso a la vía judicial, pues la modificación y aplicación automática de este precedente generaría consecuencias constitucionalmente inaceptables, vulneraría las garantías legales del debido proceso e incluso afectaría el fideicomiso creado por el Estado. sus acciones. (tomado del texto)
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